EEUU sanciona a cuatro miembros de la Corte Penal Internacional por investigar los crímenes de Israel

La Corte Penal Internacional (CPI), institución que empieza a funcionar el 2002 tras la firma y ratificación del Estatuto de Roma, es la entidad encargada de juzgar a personas acusadas de los crímenes más atroces que la comunidad internacional reconoce, tales como los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y el de agresión.
En ese sentido, y a pesar de las lógicas críticas que se le han hecho y que la acusan de tener un marcado sesgo asociado a juzgar mayoritariamente a imputados provenientes de África, es que resulta válido reconocer que la CPI tiene una importancia mayúscula en lo que refiere a la arquitectura internacional de un sistema efectivo de protección de los derechos humanos; sin embargo, y a pesar de esto, hay potencias, tales como Estados Unidos, Rusia, China e Israel, que no han firmado el Estatuto de Roma, por lo que no reconocen la jurisdicción y la competencia de la CPI. Lo anterior, en aras de evitar que algunos de sus nacionales puedan ser responsabilizados por algún crimen internacional.
En ese contexto, el gobierno de Trump -y no conforme con el no reconocimiento de la Corte- ha avanzado en el desprecio de ésta. Esto, en función de aplicar medidas destinadas a afectar su funcionamiento.
Una prueba de lo expuesto fue la firma de una orden ejecutiva, y por la que el gobierno de Trump buscó imponer sanciones a algunos funcionarios de la CPI, entre ellos a Karim Khan, Fiscal de la Corte.
Esta medida la adoptó después de que el Alto Tribunal emitiera una orden de arresto internacional contra Benjamín Netanyahu, el Primer Ministro de Israel, por los potenciales crímenes de guerra y de lesa humanidad que se estarían cometiendo en Gaza y que han afectado el goce y el ejercicio de los derechos humanos del pueblo palestino.
Ahora, y como una segunda derivada de esta medida, y a partir de la investigación que se está llevando a cabo por los crímenes perpetrados por Israel en Gaza, fue que Washington impuso sanciones a cuatro jueces de la Corte, ya que -en su visión- la investigación sería ilegal, debido a que Israel no es parte del Estatuto de Roma.
Ante esto, he de señalar que la burda justificación que ofrece Washington no es más que una complicidad criminal y una demostración de una ignorancia instrumentalizada, ya que intencionalmente desconoce a Palestina no sólo como Estado Observador de Naciones Unidas, sino también de los derechos que este estatus le confiere, y, que, entre otros, le permite firmar tratados y comprometerse internacionalmente. En ese contexto, Palestina, y como Estado Observador de Naciones Unidas, firmó el Estatuto de Roma, por lo que la CPI sí tiene competencia para investigar los crímenes que se cometen en su territorio, así como en los de cualquier Estado Parte, aunque estas atrocidades hayan sido cometidas por nacionales de un Estado no firmante del Estatuto de Roma.

Pedro Díaz Polanco
Analista Inteenacional
Universidad Austral de Chile